Académicos de las carreras de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad San Sebastián, realizaron una investigación sobre seguridad alimentaria, aplicando una encuesta a 1114 chilenos a fines de mayo, en tiempos de confinamiento y cuarentena. La encuesta online tuvo alcance nacional y demostró que las familias más vulnerables en su economía y nivel educacional, presentan mayor inseguridad alimentaria.
Fecha: 2 de julio 2020
Una encuesta online aplicada a 1114 chilenos a lo largo del territorio nacional entre los meses de abril y mayo, fue la base de un estudio interacadémico liderado por las carreras de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad San Sebastián, con el propósito de evaluar la seguridad alimentaria, con énfasis en familias de alta vulnerabilidad socioeconómica. La investigación fue desarrollada por los nutricionistas José Moya y Samuel Durán, docentes UC y USS, respectivamente.
Los resultados serán sistematizados en una investigación que será publicada en revistas científicas y socializada en congresos de salud, además de entregar algunas recomendaciones para mejorar la gestión alimentaria a partir de los municipios y el Gobierno. Con el objetivo de vincularse con el medio y las necesidades de la sociedad, ambas universidades aunaron esfuerzos y conocimientos, para orientar a las entidades responsables de tomar decisiones en materia de seguridad alimentaria en el país.
José Moya, académico de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica e investigador principal del estudio, valoró la oportunidad de trabajar como comunidad académica con una mirada de responsabilidad social en un escenario tan crítico como la actual pandemia. “Los hallazgos de la encuesta son consistentes con otros estudios realizados, donde las personas de nivel socioeconómico bajo y de menor nivel educacional, tiene mayor riesgo de inseguridad alimentaria; es decir, experimentan dificultades de acceso a alimentos de calidad nutricional, confiables y seguros; abriendo un importante desafío gubernamental en términos logísticos y con tiempos oportunos de respuesta. Esto es especialmente importante, ya que esta problemática se verá agudizada, si el Estado no toma las medidas necesarias. ”, puntualiza Moya.
La seguridad alimentaria es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y ha sido postergado en Chile a parecer de los académicos. El hambre ha sido un problema invisibilizado en las últimas décadas e incluso en la formación de las nuevas generaciones de nutricionistas, ha sido analizado como un problema ajeno y propio de economías menos desarrolladas a la nuestra.
En este sentido, Samuel Durán, académico de la carrera de Nutrición y Dietética USS, asegura que ante la situación actual, “estoy seguro que hay jóvenes que nunca fueron testigos de las ollas comunes. A esta realidad se suman la inestabilidad laboral y las cuarentenas que afectan no solo el aprovisionamiento, sino también el comercio de barrio”. Para el docente, “en la medida que los plazos se sigan extendiendo, llegará el hambre, ya sea por dificultad en el acceso al alimento o la elección de alimentos de menor valor nutricional y mayor carga calórica por razones económicas de las familias, generando un estrés adicional a las comunidades”.
Las canastas solidarias sin duda son una ayuda, pero para ambos académicos no es suficiente, ya que desde el punto de vista logístico, presenta dificultades en su distribución. Además, su contenido no es nutricionalmente valioso, ni variado, ya que no incluye frutas, verduras ni carnes. Los docentes recomiendan profundizar políticas públicas de ayuda económica a las familias más vulnerables, y también implementar otras políticas de protección para pequeños agricultores y productores de hortalizas, frutas, huevos, leche y carnes. En su opinión, si bien hasta ahora hemos sido internacionalmente conocidos como potencia alimentaria, con productos de élite como frutas, vinos y salmón, la economía deberá reenfocarse hacia el mercado interno en los próximos meses.
A esta recomendación, se suma el esfuerzo gubernamental por garantizar el abastecimiento de las zonas rurales y urbanas, especialmente a supermercados, negocios de barrio y ferias libres. Asimismo, instan a mejorar la educación nutricional de las familias, ya que hoy el criterio del sostenedor y/o la dueña de casa prioriza el abastecimiento de harina, aceite y papas, lo que inminentemente traerá repercusiones en la desnutrición de los grupos etarios más vulnerables en el mediano plazo, sean niños, embarazadas y adultos mayores.
La encuesta fue aplicada a 1114 personas, siendo un 87,8% mujeres, de las cuales más del 50% llevaba más de 5 semanas en cuarentena. Sobre el 70% contaba con escolaridad superior completa e incompleta, el 32,3% vivía en su hogar con al menos un niño menor de 10 años, y en el 32,3% vivía con al menos un adulto mayor.
Por su parte, al comparar la inseguridad alimentaria según zona de residencia, se observa una mayor inseguridad alimentaria en zonas rurales.
Entre los factores asociados positivamente con la seguridad alimentaria son ser trabajador dependiente, presencia de adulto mayor en el hogar, alta priorización de compra de frutas, pan envasado; en cambio, tener un hijo menor de 10 años, estar cesante, ser dueña de casa, y presentar alta priorización en la compra de harina, azúcar y baja priorización en carnes se relaciona con menor seguridad alimentaria.
Las compras familiares hoy priorizan los siguientes productos: verduras, frutas, harina, legumbres, arroz, leche y café/té.
Las familias con menor nivel educacional y mayor índice de pobreza experimentan mayor inseguridad alimentaria, situación que se agravará en los meses consecutivos de confinamiento y cuarentena extendida.
